De una calificación BB con perspectiva negativa a un procedimiento de resolución bancaria en apenas 17 días. El caso exige examinar el capital, las auditorías, las calificadoras, el directorio y la supervisión prudencial. La pregunta central es qué sabía cada instancia de control y qué hizo con esa información.
3 de noviembre de 2026 | © 2026 by Diego San Esteban is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
El 16 de octubre de 2026, Fitch Ratings ratificó la calificación internacional BB de ueno bank, pero modificó su perspectiva de estable a negativa. La agencia identificaba presiones sobre el capital, crecimiento acelerado del balance y un volumen elevado de activos intangibles.
Tres días después, ueno bank publicó un comunicado cuyo título destacaba la fortaleza de su modelo de negocio y su creciente relevancia en Paraguay.
El 29 de octubre, la entidad anunció un plan de capitalización de USD 100 millones. Según su comunicación, esperaba elevar sus indicadores patrimoniales por encima de los mínimos regulatorios.
El 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank.
La razón comunicada oficialmente el día siguiente fue una insuficiencia en el índice de solvencia, situado por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes efectuados sobre los estados financieros durante el proceso de regularización.
En apenas 17 días pasamos de una calificación internacional ratificada, aunque con perspectiva negativa, a una decisión regulatoria de extraordinaria gravedad.
La secuencia es real. Sus causas completas todavía necesitan explicación.
¿Cómo se llega a una situación semejante? ¿Qué información manejaba cada responsable? ¿Qué advertencias fueron detectadas? ¿Qué medidas se adoptaron?
Y una pregunta particularmente importante: ¿qué estaban viendo los miembros del directorio cuando recibían los informes sobre solvencia, crecimiento, rentabilidad y cumplimiento regulatorio?
Este artículo no pretende establecer responsabilidades antes de que exista evidencia suficiente. Busca examinar el funcionamiento de la cadena de control de una entidad financiera y las preguntas que deberían responderse.
1. El primer error posible: confundir crecimiento con solidez
Un banco puede aumentar sus depósitos, ampliar su cartera de préstamos, incorporar cientos de miles de clientes y obtener resultados positivos mientras su capacidad patrimonial se debilita.
El crecimiento comercial mide expansión. La rentabilidad muestra la generación de resultados. La solvencia mide la capacidad del capital para absorber pérdidas frente a los riesgos asumidos.
Son dimensiones relacionadas, pero distintas.
Cuando aumenta el volumen de créditos y otras exposiciones, también puede crecer el capital necesario para respaldarlas.
Además, no todo el patrimonio registrado contablemente puede reconocerse como capital regulatorio.
El capital contable refleja los activos menos los pasivos según las normas aplicables. El capital regulatorio representa los recursos que el supervisor admite para cubrir riesgos, después de aplicar deducciones, límites y ajustes prudenciales.
Esta diferencia es fundamental.
Un banco puede presentar patrimonio positivo y, al mismo tiempo, tener dificultades para cumplir los requerimientos regulatorios si una parte relevante de sus activos no es admisible para respaldar riesgos.
Por eso, un directorio necesita información sobre la composición y calidad del capital, no únicamente sobre su importe total.
La primera pregunta es qué parte del capital informado por ueno seguía siendo reconocible después de las correcciones aplicadas por el BCP.
2. Fitch: la calificación que ratificaba riesgos, no su ausencia
El 16 de octubre, Fitch confirmó las siguientes evaluaciones de ueno bank, según las publicaciones que reprodujeron su revisión:
- Calificación internacional de incumplimiento de emisor a largo plazo (IDR): BB.
- Calificación de viabilidad (VR): bb.
- Calificación de corto plazo: B.
- Perspectiva de las calificaciones de largo plazo: negativa.
- Calificación de apoyo gubernamental (GSR): elevada de b+ a bb-.
Cada indicador responde a una cuestión diferente.
La calificación de incumplimiento de emisor evalúa el riesgo de que una entidad no cumpla sus obligaciones financieras. La categoría BB está por debajo del grado de inversión, aunque no significa que el incumplimiento sea inminente.
La calificación de viabilidad evalúa la fortaleza crediticia intrínseca del banco, sin asumir apoyos extraordinarios.
La perspectiva negativa expresa que las condiciones observadas podrían conducir a una reducción de la calificación.
La calificación de apoyo gubernamental considera la posibilidad de que las autoridades proporcionen asistencia extraordinaria a una entidad, según factores como su importancia dentro del sistema.
Y aquí aparece una distinción que considero esencial.
Que una calificadora identifique una mayor probabilidad de apoyo gubernamental no significa que exista una garantía estatal sobre todas las obligaciones del banco.
Tampoco convierte la expectativa de asistencia en capital efectivamente disponible.
Fitch elevó esa evaluación de apoyo debido, entre otros elementos, a la importancia sistémica de ueno dentro del mercado paraguayo.
Una entidad de importancia sistémica es aquella cuya dimensión, interconexión o funciones podrían generar consecuencias relevantes para el sistema financiero si enfrentara dificultades.
Esa condición exige especial atención prudencial. No constituye una certificación de fortaleza ni una promesa de rescate.
Por eso resulta incorrecto interpretar la ratificación BB como una validación integral de la solvencia regulatoria de ueno.
3. El capital ajustado: una advertencia que merece explicaciones
En su comunicación del 19 de octubre, ueno informó que el Fitch Core Capital, conocido como FCC, se situaba en 10,3% tanto al cierre de 2025 como al final del segundo trimestre de 2026.
El FCC es un indicador de capital ajustado utilizado por Fitch para evaluar la capacidad de una entidad financiera de absorber pérdidas.
Su metodología descuenta determinados activos que no considera plenamente disponibles para ese propósito.
Entre ellos pueden encontrarse activos intangibles.
Estos activos incluyen derechos, desarrollos tecnológicos u otros recursos sin existencia física que pueden tener valor económico y contable, pero cuya disponibilidad para absorber pérdidas resulta más limitada.
El dato significativo es que ueno explicó que Fitch había informado previamente un FCC de 15,2% para el cierre de 2025, sin incorporar determinadas deducciones por intangibles.
Al aplicar esas deducciones, el indicador comparable quedó en 10,3%.
La diferencia es de 4,9 puntos porcentuales.
Esto no demuestra necesariamente una pérdida patrimonial ocurrida entre ambas mediciones. Puede reflejar un cambio en los ajustes utilizados para calcular el indicador.
Pero sí cambia sustancialmente la interpretación del respaldo patrimonial.
La pregunta que corresponde formular es cuándo se identificó esa diferencia, qué implicancias tenía para los planes de crecimiento y cómo fue comunicada al directorio.
La propia revisión de Fitch señalaba que recuperar una perspectiva estable requería moderar el crecimiento, reducir los activos intangibles y restablecer sostenidamente el FCC por encima del 13%.
Es decir, la situación favorable esperada dependía de que determinadas acciones futuras se ejecutaran correctamente.
Y un plan de recuperación no equivale a una recuperación concretada.
También debemos ser rigurosos con las comparaciones. El FCC y el índice de solvencia regulatoria calculado por el BCP no son necesariamente equivalentes.
Antes de sacar conclusiones cuantitativas se necesita conciliar sus metodologías, las fechas y los ajustes utilizados.
4. Fitch también identificaba otras señales
El análisis de Fitch, según la cobertura publicada por Última Hora el 16 de octubre, incluía elementos que amplían las preguntas sobre el modelo financiero de ueno.
La cartera de préstamos había crecido aproximadamente 30% durante el primer semestre de 2026.
La relación entre préstamos y depósitos aumentó del 76,75% al cierre de 2025 al 91,9% a junio de 2026.
Este indicador compara el volumen de créditos otorgados con los depósitos captados.
Cuando aumenta, significa que una mayor proporción de los depósitos se encuentra comprometida en préstamos. No implica automáticamente falta de liquidez, pero puede indicar una menor holgura de financiamiento o una mayor necesidad de recurrir a otras fuentes.
Según esa cobertura, Fitch también señalaba una creciente utilización de financiamiento mayorista, emisiones de deuda y aportes de capital para acompañar la expansión.
El financiamiento mayorista comprende recursos obtenidos de grandes inversionistas, instituciones financieras y mercados de capitales, en lugar de depender exclusivamente de depósitos minoristas.
Puede ser una fuente legítima de recursos, aunque introduce riesgos de refinanciación: la posibilidad de que una entidad enfrente mayores costos o dificultades cuando necesita renovar sus obligaciones.
El mismo análisis reconocía indicadores favorables, entre ellos una morosidad reportada de 0,6%, cobertura de previsiones de 345,2% y rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo de 3,7%.
La morosidad mide préstamos con atrasos relevantes. La cobertura de previsiones compara las reservas contables constituidas frente a la cartera deteriorada.
Pero los indicadores de calidad crediticia también requieren analizar la antigüedad de los préstamos y su comportamiento bajo escenarios adversos.
En una cartera que crece rápidamente, una parte significativa de los créditos puede ser reciente y todavía no haber atravesado un ciclo suficiente para manifestar deterioros.
Esto no significa que la morosidad publicada fuera incorrecta.
Significa que una gestión prudencial debe complementar los indicadores observados con análisis por cosechas crediticias, escenarios de estrés y seguimiento de pérdidas esperadas.
Una cosecha crediticia agrupa préstamos originados en un mismo período para estudiar cómo evoluciona su comportamiento con el tiempo.
Por eso importa la combinación de señales.
Crecimiento acelerado, presión sobre el capital, dependencia de financiamiento complementario y activos intangibles elevados merecen una evaluación conjunta.
¿Se presentaban estos riesgos de manera integrada al directorio o cada área informaba sus propios indicadores de forma aislada?
No conocemos todavía esa respuesta.
5. Las operaciones vinculadas: una cuestión que Fitch también observaba
Hay otro elemento particularmente relevante.
Según Última Hora, la revisión de Fitch señalaba que ueno había estado sometido durante 2026 a un mayor escrutinio del mercado por operaciones con partes relacionadas, concentración de fondos del sector público y determinadas prácticas contables.
La información periodística también indicó que la calificadora continuaría monitoreando esos acontecimientos.
Las operaciones con partes relacionadas son transacciones realizadas entre entidades que comparten propietarios, administradores, controlantes u otros vínculos relevantes definidos por las normas aplicables.
Estas operaciones no son irregulares por su propia naturaleza.
Pero exigen controles adicionales porque pueden producir conflictos de interés, concentraciones de riesgo o problemas para determinar si las condiciones económicas son equivalentes a las que existirían entre partes independientes.
El 15 de octubre, ABC Color había publicado información sobre un memorando del BCP fechado el 29 de junio, que señalaba observaciones patrimoniales relacionadas con inversiones en empresas vinculadas, entre ellas Red Digital y Red Digital de Procesamiento.
Según aquella publicación, esas inversiones podían exigir deducciones para el cálculo del capital regulatorio.
El objetivo de ciertas deducciones prudenciales es impedir que un mismo capital se reconozca varias veces como respaldo de riesgos dentro de una estructura societaria.
También debe examinarse si una modificación de participación accionaria cambia efectivamente el control económico sobre una entidad.
La propiedad formal y el control efectivo no siempre son equivalentes.
Pueden existir derechos de voto, acuerdos contractuales, facultades de administración u otras relaciones que deban considerarse.
La documentación pública todavía no permite establecer si esas observaciones fueron las que provocaron los ajustes determinantes de la resolución.
Pero la coincidencia temática exige una reconstrucción técnica.
- ¿Qué operaciones se revisaron?
- ¿Qué deducciones correspondían?
- ¿Cuándo fueron determinadas?
- ¿Qué documentación había recibido el supervisor?
- ¿Qué tratamientos contables y prudenciales aplicó el banco?
- ¿Y qué medidas correctivas se exigieron?
6. La auditoría externa: el límite entre una opinión favorable y el riesgo real
Los estados financieros de ueno bank correspondientes al cierre de 2025 fueron auditados por PricewaterhouseCoopers, con dictamen fechado el 19 de febrero de 2026.
Una auditoría externa busca obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores materiales.
Un error material es aquel que, por su importe o naturaleza, podría influir en las decisiones de quienes utilizan la información.
La seguridad razonable representa un alto nivel de confianza, pero no una garantía absoluta.
Tampoco significa que el auditor certifique que el banco mantendrá su solvencia durante el ejercicio siguiente.
La responsabilidad primaria por los estados financieros corresponde a la administración.
El auditor evalúa riesgos, realiza pruebas, obtiene evidencia y emite una opinión independiente sobre la información examinada.
Por eso es incorrecto atribuir automáticamente una falla de auditoría ante un deterioro posterior.
Pero también sería incorrecto excluir cualquier revisión del trabajo realizado.
Frente a ajustes patrimoniales de la gravedad que informó el BCP, corresponde determinar si se refieren a condiciones surgidas después del cierre auditado o a situaciones existentes cuando se prepararon los estados financieros.
La diferencia es fundamental.
Si las condiciones surgieron posteriormente, la opinión original podría haber sido razonable con la información disponible.
Si las correcciones corresponden a condiciones anteriores, será necesario analizar qué evidencia existía, qué procedimientos se ejecutaron y cómo se evaluaron las estimaciones.
También debe distinguirse entre los criterios contables utilizados para preparar los estados financieros y los requisitos prudenciales aplicables al capital regulatorio.
No todo ajuste prudencial constituye necesariamente un error contable.
Entre los asuntos que justificarían una revisión específica se encuentran la valoración de inversiones, las operaciones vinculadas, los activos intangibles, los cargos diferidos y los derechos derivados de estructuras fiduciarias.
Los cargos diferidos son gastos cuyo reconocimiento contable se distribuye entre distintos períodos cuando las normas lo permiten.
Los derechos fiduciarios son derechos económicos relacionados con patrimonios administrados mediante fideicomisos.
Ambas categorías pueden ser legítimas, pero necesitan pruebas sobre su valor, recuperabilidad y tratamiento regulatorio.
La pregunta correcta no es afirmar que el auditor debió detectar necesariamente el problema.
Es determinar qué debía examinar conforme a su mandato, qué información tenía y qué conclusiones obtuvo.
7. El directorio: ¿recibía datos o recibía información para decidir?
Un directorio bancario tiene responsabilidades que no desaparecen por delegar las tareas técnicas.
No se espera que cada director calcule manualmente los indicadores de solvencia, revise cada préstamo o reproduzca las pruebas de auditoría.
Pero sí debe comprender los riesgos esenciales, cuestionar los supuestos y exigir respuestas cuando aparecen señales relevantes.
La Resolución N.º 65, Acta N.º 72, del BCP establece estándares mínimos de buen gobierno corporativo para las entidades supervisadas.
El gobierno corporativo comprende las estructuras, responsabilidades y mecanismos mediante los cuales una organización es dirigida, supervisada y controlada.
Incluye la actuación del directorio, los comités, la gerencia y las funciones de control.
Consideremos un escenario hipotético.
Un directorio está integrado por empresarios con experiencia en comercio, tecnología o administración, pero con conocimientos heterogéneos en regulación bancaria.
La gerencia informa que la entidad aumenta su base de clientes.
Finanzas presenta resultados positivos.
El área comercial destaca el crecimiento de créditos y depósitos.
La auditoría externa ha emitido un dictamen favorable.
Una agencia internacional mantiene la calificación BB.
¿Podrían esos directores concluir que la entidad atraviesa una situación satisfactoria?
Podrían interpretar favorablemente esos indicadores si no se les presentara una visión integrada de riesgos.
Pero el trabajo del órgano de gobierno no termina al recibir información.
Un directorio eficaz necesita saber qué podría invalidar el escenario presentado.
¿Qué ocurre si determinados activos deben descontarse del capital?
¿Qué sucede si los aportes anunciados no se integran?
¿Qué impacto tendría una revisión de las inversiones vinculadas?
¿Cuánta capacidad de absorción de pérdidas conservaría el banco si se materializan varios riesgos simultáneamente?
¿Qué observaciones regulatorias siguen abiertas?
¿Quién verifica que los planes correctivos efectivamente se cumplen?
Estas preguntas no requieren que todos los directores sean especialistas contables.
Requieren que el directorio tenga capacidad colectiva, información apropiada, asesoramiento técnico e independencia de criterio.
No contamos con las actas ni con los informes internos de ueno bank para determinar qué recibieron o hicieron sus directores.
Tampoco corresponde atribuirles falta de idoneidad sin examinar sus antecedentes y los requisitos aplicables.
Pero sí corresponde establecer si el sistema de gobierno permitía conocer oportunamente las amenazas a la solvencia y actuar sobre ellas.
Delegar el cálculo de un riesgo no equivale a delegar la responsabilidad de supervisarlo.
8. Las tres líneas de defensa y el problema de las alertas que no producen decisiones
El modelo de las tres líneas, desarrollado por el Instituto de Auditores Internos, permite analizar cómo se organizan las responsabilidades de gestión y aseguramiento.
La primera línea corresponde a las áreas operativas y comerciales que asumen y gestionan los riesgos directamente.
La segunda incluye las funciones de gestión de riesgos y cumplimiento, encargadas de establecer criterios, monitorear exposiciones y cuestionar decisiones.
La tercera corresponde a auditoría interna, que proporciona una evaluación independiente del funcionamiento de los controles y de la gestión de riesgos.
La auditoría externa y el supervisor prudencial complementan este esquema desde funciones diferentes.
Cada instancia debería producir información útil para quienes tienen capacidad de decisión.
Pero identificar un riesgo no garantiza que sea corregido.
Una observación necesita un responsable, un plazo, una acción correctiva y evidencia de cumplimiento.
También requiere, cuando corresponde, validación independiente.
Por eso debemos preguntarnos qué ocurrió con las observaciones patrimoniales previas.
¿Quién las recibió?
¿Fueron clasificadas según su gravedad?
¿Tenían planes de remediación?
¿Quién comprobó su ejecución?
¿Se realizaron pruebas que demostraran que el riesgo había disminuido?
Una entidad puede contar con numerosos procedimientos y, aun así, tener dificultades para transformar las advertencias en decisiones oportunas.
La evaluación debe centrarse en la eficacia demostrable de los controles, no únicamente en su existencia formal.
9. La diferencia entre la información comunicada y la situación finalmente constatada
El 19 de octubre, ueno bank eligió destacar públicamente que Fitch ratificaba su calificación BB y reconocía fortalezas de su modelo.
El comunicado también incluía la perspectiva negativa y las presiones sobre el capital.
Esto importa porque no sería correcto afirmar que el banco ocultó esas advertencias en aquella publicación.
El problema de análisis es distinto: cómo se jerarquizó la información.
El título comunicaba fortaleza.
Los detalles técnicos describían vulnerabilidades.
La conclusión expresaba expectativas de recuperación patrimonial.
En una institución financiera, presentar información correcta no resuelve por sí solo la cuestión de si el mensaje transmite adecuadamente su importancia.
El directorio y las funciones responsables de la comunicación deben procurar que los mensajes públicos sean consistentes con la información financiera disponible y con las obligaciones legales aplicables.
No tenemos evidencia de que el comunicado haya incumplido esas obligaciones.
Pero corresponde preguntar si una evaluación crediticia con perspectiva negativa, activos intangibles relevantes y capital ajustado presionado justificaba una presentación más cautelosa.
Pocos días después, el 29 de octubre, el banco anunció un plan de capitalización de USD 100 millones.
Según su propia comunicación, proyectaba mejorar el capital principal del 11,7% al 14,9% y el capital regulatorio total del 13,8% al 15,9%.
Esas cifras representaban una situación informada y un escenario proyectado, no necesariamente recursos ya integrados.
La decisión del BCP del 2 de noviembre hace indispensable conocer la conciliación entre tales indicadores y las cifras resultantes de los ajustes.
¿Se utilizaban las mismas bases de cálculo?
¿Existían deducciones pendientes?
¿Qué parte de la capitalización estaba efectivamente disponible?
¿Cuándo se conocieron las diferencias?
¿Y qué impacto tuvieron en las decisiones de regularización?
Estas respuestas son más importantes que cualquier titular.
10. El Banco Central: qué significa supervisar antes de resolver
La Ley N.º 861/96, con sus modificaciones, constituye parte del marco general del sistema financiero paraguayo.
La Ley N.º 2334/03 regula la garantía de depósitos, los mecanismos de regularización y la resolución de entidades financieras.
La regularización es un proceso dirigido a corregir determinadas deficiencias patrimoniales o de funcionamiento dentro de las condiciones legales correspondientes.
La resolución es un procedimiento previsto para atender situaciones críticas mediante mecanismos que buscan proteger a los depositantes y limitar los efectos sobre el sistema financiero.
No debe confundirse su inicio con una liquidación ya concluida.
El BCP informó que la resolución fue adoptada después de ajustes practicados durante un proceso de regularización.
Esto obliga a reconstruir una secuencia administrativa y técnica.
¿Cuándo aparecieron las primeras observaciones?
¿Qué medidas fueron requeridas?
¿Qué plazos se otorgaron?
¿Qué verificaciones se realizaron?
¿Qué respuesta presentó la entidad?
¿Cuándo se configuró legalmente la causal que llevó a iniciar la resolución?
Es importante reconocer que determinados procedimientos y actuaciones del supervisor pueden estar sujetos a reserva.
Por lo tanto, no encontrar información pública de una medida no demuestra que el regulador haya permanecido inactivo.
Tampoco debemos asumir que una observación de junio equivalía necesariamente a una causal de resolución ya configurada.
Eso exige verificar su contenido, tratamiento y efecto jurídico.
Pero el desempeño del sistema de supervisión debe evaluarse considerando la oportunidad de detección, las exigencias de corrección y la eficacia de las medidas aplicadas.
La decisión final es parte de ese proceso, no su única dimensión.
11. La importancia sistémica y las dependencias tecnológicas
Fitch había reconocido la creciente importancia sistémica de ueno bank y elevado su evaluación de apoyo gubernamental.
La importancia sistémica significa que las dificultades de una entidad pueden tener consecuencias para otras instituciones o para el funcionamiento del sistema.
Eso exige mirar más allá del balance individual.
En Paraguay también merece atención la concentración de servicios tecnológicos provistos a distintas entidades financieras.
Cuando varios bancos dependen de un mismo proveedor crítico, una interrupción puede generar consecuencias simultáneas.
Y cuando existen relaciones societarias entre proveedores tecnológicos y entidades financieras, corresponde examinar cuidadosamente la gestión de conflictos de interés y la independencia operativa.
Estas preocupaciones requieren evidencia específica.
La resolución de ueno no demuestra que ITTI haya experimentado problemas operativos ni que la situación patrimonial del banco haya provocado fallas en los servicios tecnológicos prestados a terceros.
Pero sí vuelve pertinente revisar los mecanismos de continuidad de negocio, la separación de información y las dependencias críticas dentro del sistema.
¿Qué alternativas tienen los bancos ante una interrupción prolongada de un proveedor compartido?
¿Existen pruebas reales de recuperación?
¿La segregación de datos se encuentra técnicamente verificada?
¿Se conocen las relaciones de control y dependencia que podrían afectar la prestación del servicio?
Estas cuestiones corresponden al gobierno de terceros y a la gestión del riesgo operacional.
El riesgo operacional comprende pérdidas derivadas de fallas en procesos, personas, sistemas o acontecimientos externos.
Su gestión exige controles y planes de continuidad que puedan demostrarse mediante pruebas, no únicamente mediante documentos.
12. Cinco hipótesis que todavía deben verificarse
No conocemos todos los elementos que originaron los ajustes patrimoniales mencionados por el BCP.
Existen al menos cinco escenarios que merecen ser examinados sin asumir que alguno ocurrió.
Deterioro económico acelerado. Pérdidas, cambios en el valor de activos o mayores exposiciones pudieron reducir rápidamente la capacidad patrimonial.
Ajustes sobre situaciones anteriores. La revisión de inversiones, intangibles u otras partidas pudo producir deducciones relevantes sobre capital previamente informado.
Alertas insuficientemente escaladas. Determinadas funciones pudieron identificar riesgos sin que estos generaran decisiones correctivas a tiempo.
Capitalización no disponible en el momento necesario. Los aportes previstos pudieron resultar insuficientes, quedar sujetos a condiciones o no concretarse dentro de los plazos requeridos.
Interacción de varios factores. La combinación de crecimiento acelerado, estructura de activos, financiamiento, deducciones patrimoniales y tiempos de corrección pudo agravar la situación.
Ninguno de estos escenarios constituye una conclusión sobre ueno.
Para verificarlos se necesitarían estados financieros ajustados, informes internos, documentación de auditoría, requerimientos regulatorios y evidencias de ejecución de las medidas correctivas.
13. Qué debería conocer ahora el sistema financiero
El BCP comunicó que la situación de ueno es puntual y que no representa una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
También indicó que el procedimiento prioriza la protección de los depositantes y que investigará las responsabilidades que correspondan.
La estabilidad del sistema y el esclarecimiento de los hechos son objetivos compatibles.
Dentro de los límites de confidencialidad aplicables, sería importante que se explicaran la naturaleza de los ajustes, su impacto cuantificado y la evolución de los indicadores patrimoniales.
También debería determinarse qué observaciones existieron, cuándo fueron comunicadas, qué medidas se exigieron y cómo se comprobó su cumplimiento.
La reconstrucción necesita comprender las responsabilidades diferentes de la administración, el directorio, las funciones de control, la auditoría externa, las calificadoras y el supervisor.
No corresponde asumir que todos fallaron.
Tampoco corresponde concluir que todos actuaron adecuadamente antes de revisar la evidencia.
En un proceso de esta naturaleza, el debido proceso y la presunción de licitud de las actuaciones deben coexistir con una investigación rigurosa.
La Conclusión a la que podríamos llegar: el problema no es solamente quién tenía la información
El caso ueno bank presenta una secuencia que merece una explicación completa.
En junio existían observaciones patrimoniales que posteriormente fueron reportadas públicamente.
En octubre, Fitch mantenía la calificación BB, pero cambiaba la perspectiva a negativa y advertía sobre el capital, el crecimiento y los intangibles.
El banco comunicaba esas advertencias mientras destacaba fortalezas de su modelo.
El 29 de octubre anunciaba un plan de capitalización.
El 2 de noviembre, el BCP resolvía iniciar el procedimiento de resolución tras constatar una insuficiencia patrimonial grave.
Hay hechos documentados. Hay advertencias publicadas. Hay decisiones que todavía necesitan ser explicadas.
La tentación sería buscar rápidamente un responsable.
Pero el análisis profesional exige algo más difícil: reconstruir cómo funcionó cada mecanismo de control, qué información tenía disponible y cómo respondió.
Un directorio puede recibir decenas de informes sin comprender adecuadamente la exposición consolidada de una entidad.
Una auditoría puede cumplir su mandato sobre un período determinado sin garantizar la evolución futura del banco.
Una calificadora puede identificar señales de riesgo sin sustituir el cálculo regulatorio de solvencia.
Y un supervisor puede haber adoptado medidas reservadas cuya oportunidad y eficacia solo podrán evaluarse cuando exista suficiente documentación.
Lo importante es establecer lo que efectivamente ocurrió.
La falla más peligrosa en el gobierno bancario aparece cuando las advertencias existen, pero nadie logra convertirlas en decisiones suficientes para controlar el riesgo.
No afirmo que esa haya sido la causa de la situación de ueno bank. Es precisamente lo que debería investigarse.
Pero el caso deja una pregunta que no corresponde dirigir únicamente a sus autoridades.
Debería llegar a todos los directorios del sistema financiero paraguayo:
Si mañana una revisión prudencial modificara sustancialmente nuestro capital, ¿podríamos demostrar cuándo identificamos la exposición, quién la analizó, qué decidió el directorio y cómo comprobamos que la corrección fue eficaz?
La respuesta debe encontrarse en evidencia, no en declaraciones de confianza.
Porque el deber de un directorio no termina cuando recibe un informe favorable. Empieza cuando comprende sus límites, identifica lo que podría cambiar sus conclusiones y exige que los riesgos relevantes tengan respuestas verificables.
Y cuando una entidad llega a un procedimiento de resolución, resulta indispensable establecer qué ocurrió en cada instancia de esa cadena.
No para reemplazar a las autoridades ni anticipar responsabilidades.
Para comprender qué funcionó, qué debe corregirse y qué lecciones necesita incorporar el sistema financiero.
Diego San Esteban
Referencias y documentación
Fuentes oficiales y documentos primarios
- Banco Central del Paraguay. Comunicado de inicio del procedimiento de resolución de ueno bank, 3 de noviembre de 2026.
- Ueno bank. Estados financieros auditados de 2025 y dictamen de PwC.
- Fitch Ratings. Ficha oficial de ueno bank.
- Fitch Ratings. Criterios oficiales de calificación bancaria.
- Ueno bank. Comunicado sobre la ratificación BB y revisión de perspectiva, 19 de octubre de 2026.
- Ueno bank. Plan de capitalización anunciado el 29 de octubre de 2026.
- BCP. Estándares Mínimos para un Buen Gobierno Corporativo, Resolución N.º 65, Acta N.º 72.
- Ley N.º 2334/03. Garantía de depósitos y resolución de entidades financieras.
Cobertura periodística de los antecedentes
- Última Hora. De estable a negativa: esto es lo que dice Fitch en su calificación a ueno, 16 de octubre de 2026.
- La Nación. Fitch ratifica la calificación de ueno bank y su perfil crediticio, 18 de octubre de 2026.
- ABC Color. Acta del directorio del BCP observa situación de solvencia de ueno bank, 15 de octubre de 2026.
Nota metodológica: análisis elaborado con información pública disponible al 3 de noviembre de 2026. Las referencias al informe de Fitch del 16 de octubre se contrastaron con el comunicado de ueno y la cobertura periodística, sin acceso directo al documento íntegro de esa fecha. Se distinguen los hechos oficiales, la información atribuida a terceros y las hipótesis de análisis. El texto no determina incumplimientos ni atribuye responsabilidades personales, administrativas, civiles o penales. La evaluación definitiva requiere acceso a la documentación y a los procedimientos correspondientes.
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