Normativa tecnológica en Paraguay: cambios de 2026 y obligaciones para 2027

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Mapa de Paraguay conectado con pagos digitales, controles de seguridad, supervisión bancaria y protección de datos

Informe regulatorio · Paraguay · corte al 18 de noviembre de 2026

El BCP llevó pagos, fraude y supervisión a sistemas verificables. En paralelo, la Ley 7593 obliga a preparar gobierno de datos antes de noviembre de 2027.

El relevamiento identifica 28 instrumentos de 2026 con impacto tecnológico directo. El punto de gestión está en coordinar arquitectura, evidencias, proveedores y datos personales.

28

instrumentos de 2026 con impacto tecnológico directo

14/6/2027

producción plena prevista para pagos por aproximación

27/11/2027

entrada en vigor prevista de la Ley 7593/2025

Paraguay no tuvo en 2026 una única norma que reorganizara la tecnología bancaria. El cambio llegó por varias vías: un nuevo marco para el sistema nacional de pagos, supervisión de proveedores de servicios de pago, controles verificables contra el fraude, nuevas interfaces con el Banco Central del Paraguay y la preparación para la primera ley general de protección de datos personales.

El efecto es acumulativo. Un banco, una financiera o un PSP que trate cada resolución como un trámite separado puede cumplir con las remisiones y, al mismo tiempo, llegar tarde a las decisiones de arquitectura, contratos, seguridad y gobierno de datos.

El criterio del relevamiento

Se revisaron las normas publicadas por el Directorio y la Gerencia General del Banco Central del Paraguay, la Subgerencia General de Operaciones Financieras, la Superintendencia de Bancos, el Congreso y el MITIC.

El registro distingue tres grupos:

  1. normas emitidas en 2026 que obligan a cambiar sistemas, interfaces, controles o evidencias;
  2. normas anteriores que siguen definiendo el piso tecnológico;
  3. resoluciones de contexto que afectan al sector, pero no imponen por sí mismas una adecuación tecnológica general.

Esta separación evita mezclar la regulación de Ueno Bank, cambios prudenciales y normas generales de pagos dentro de un mismo conteo. Para la entrada editorial se identificaron 28 instrumentos emitidos en 2026 con impacto tecnológico directo. El inventario técnico puede ser más amplio cuando se incluyen ajustes de horarios, tarifarios, formatos y resoluciones de contexto.

La agenda la está marcando el sistema de pagos

La Ley 7503/2025 convirtió al BCP en la autoridad con facultades explícitas para definir qué proveedores y servicios de pago quedan bajo regulación, control, supervisión y vigilancia. También le permite fijar requisitos de registro, seguridad y protección de datos.

Sobre esa base, la Resolución 25, Acta 58, del 18 de diciembre de 2025 definió los roles de los PSP y estableció reglas de registro, transparencia y seguridad de la información. En 2026 el BCP convirtió ese marco en obligaciones operativas:

  • la Resolución G.G. 83 reglamentó el procedimiento y la información del registro de PSP;
  • la Resolución 7, Acta 31, determinó los PSP sujetos a supervisión del BCP;
  • la Resolución 2, Acta 31, reemplazó el reglamento general del SIPAP de marzo;
  • la Resolución G.G. 87 estableció reglamentaciones complementarias del SIPAP;
  • la Resolución G.G. 71 reguló la remisión de documentación sobre interoperabilidad de tarjetas;
  • la Resolución 6, Acta 30, modificó el reglamento de interoperabilidad e interconexión de tarjetas.

El impacto excede al área de pagos. Las entidades deben revisar qué rol cumplen, qué licencias y registros necesitan, cómo segregan responsabilidades con terceros, qué información entregan a comercios y usuarios y qué evidencias pueden presentar ante el BCP.

QR, SPI y NFC ya forman una misma decisión de arquitectura

El Reglamento General del SIPAP incorporó el QR Hub, pagos por aproximación y nuevas funcionalidades del Sistema de Pagos Instantáneos. Durante 2026 se publicaron cronogramas, flujos de mensajería y normas complementarias.

La Resolución G.G. 191 del 16 de octubre de 2026 dispuso la implementación del SIP por aproximación. El cronograma informado por el BCP contempla prueba de concepto durante 2026, documento técnico definitivo en enero de 2027, desarrollo entre febrero y abril, pilotos hasta junio y producción plena el 14 de junio de 2027.

Para bancos, financieras y PISP, la discusión no es solamente si agregan NFC a una aplicación. Deben decidir cómo autentican al usuario, cómo resuelven inicio y solicitud de pago, qué componentes reutilizan del SPI y del QR Hub, cómo registran el consentimiento y qué controles aplican cuando la operación se inicia sin ingresar manualmente los datos del beneficiario.

El fraude pasó de una política a una evaluación con evidencias

La estrategia de reducción de fraude para puntos finales del SIPAP fue aprobada en 2025. La Resolución G.G. 27/2026 la convirtió en prácticas medibles y verificables. La Circular SGGOF 3 fijó el plan de monitoreo.

La evaluación alcanza a participantes del SIPAP y contempla controles sobre riesgos de puntos finales, incidentes, concientización, seguridad técnica y física, detección y respuesta. El BCP puede pedir planes correctivos y adoptar medidas supervisoras. La estrategia de 2025 prevé incluso la restricción temporal de permisos para operar cuando persista un incumplimiento.

La próxima ventana anual de autoevaluación está prevista entre el primer día hábil de abril y el último día hábil de mayo de 2027. La entidad patrocinadora responde también por sus patrocinados.

El trabajo para 2027 es reunir evidencia, no redactar una política nueva. Hay que vincular cada práctica con un control, un responsable, una fuente de datos, una prueba y un mecanismo de seguimiento.

La supervisión se trasladó a plataformas y datos estructurados

La Superintendencia de Bancos continuó llevando procesos a la Red de Comunicación Financiera y a TeamMate+:

  • la Resolución SB.SG. 8 estableció el registro de servicios de proveedores críticos por la RCF;
  • la Resolución SB.SG. 20 llevó a la RCF la información del ratio de cobertura de liquidez;
  • la Resolución SB.SG. 31 hizo de la plataforma de grupos vinculados el medio para crear y mantener esas relaciones;
  • la Circular SB.SG. 101 exigió firma electrónica cualificada en documentos enviados a la Superintendencia;
  • la Circular SB.SG. 139 organizó la remisión de informes de auditoría y planeamiento por TeamMate+;
  • las resoluciones SB.SG. 54 y 55 ajustaron cronogramas y archivos de información regulatoria;
  • las resoluciones SB.SG. 64 y 65 incorporaron una plataforma para reclamos y estadísticas mensuales.

El patrón es claro: el dato remitido deja de ser un archivo aislado y pasa a formar parte de un proceso supervisado. Esto exige gobierno de usuarios, trazabilidad, controles de calidad y conciliación entre la información regulatoria y los sistemas internos.

Proveedores críticos y nube

El registro de servicios de proveedores críticos no reemplaza la gestión de terceros. La entidad debe identificar qué servicio considera crítico, mantener actualizado el vínculo contractual y poder demostrar cómo controla el riesgo.

Para servicios en la nube sigue vigente la Resolución 10, Acta 43, de 2022. La Circular SB.SG. 12 de 2025 trasladó el inventario y la comunicación previa a la RCF. La contratación debe informarse con antelación y actualizarse cuando cambie el inventario.

La consecuencia práctica es que compras, tecnología, seguridad, continuidad y cumplimiento necesitan compartir un registro. Un contrato puede estar cargado en el módulo regulatorio y seguir sin una evaluación técnica suficiente, o puede haber sido evaluado sin que la información regulatoria esté actualizada.

Datos personales: la fecha es noviembre de 2027, el trabajo empieza antes

La Ley 7593/2025 fue publicada el 27 de noviembre de 2025, según la memoria oficial del MITIC. Su artículo 57 dispone que entra en vigor 24 meses después de la publicación. La fecha de entrada en vigor es, por tanto, el 27 de noviembre de 2027.

La ley crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales dentro del MITIC, con autonomía funcional y facultades de reglamentación, auditoría, supervisión y sanción. También modifica la distribución de competencias sobre la Ley 6534/2020 de datos crediticios: la nueva Agencia absorbe funciones, salvo las asignadas al BCP dentro de su competencia.

Para bancos y PSP, las obligaciones con impacto tecnológico incluyen:

  • bases legales y finalidades documentadas para cada tratamiento;
  • información clara al titular sobre datos, uso, destinatarios, conservación y decisiones automatizadas;
  • mecanismos para acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad;
  • privacidad desde el diseño y por defecto;
  • evaluaciones de impacto y consulta previa para tratamientos de riesgo;
  • contratos con encargados y control de subencargados;
  • medidas técnicas y organizativas revisadas periódicamente;
  • notificación de incidentes a la autoridad y, cuando corresponda, al titular dentro de las 72 horas;
  • reglas para transferencias internacionales, con adecuación, garantías o excepciones documentadas;
  • designación de un oficial de protección de datos en los casos que establezca la reglamentación.

No todo depende del decreto reglamentario. La reglamentación debe precisar condiciones técnicas, supuestos de evaluación de impacto y casos que requieren oficial de protección. Pero los bancos ya pueden inventariar tratamientos, proveedores, transferencias, bases legales, tiempos de conservación y decisiones automatizadas.

Los PSP tienen una presión adicional. El reglamento de roles y seguridad de la información de diciembre de 2025 ya les exige limitar los datos personales a lo necesario, contar con consentimiento cuando corresponda, aplicar controles de acceso, cifrado, gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, continuidad y auditoría externa basada en ISO/IEC 27001 o un marco equivalente.

Calendario de decisiones

FechaHitoTrabajo tecnológico
Abril y mayo de 2027Autoevaluación antifraude del SIPAPEvidencias, brechas, responsables y plan correctivo
2 de abril de 2027Fin previsto del desarrollo de SIP por aproximaciónIntegración, autenticación y pruebas
Abril a junio de 2027Pilotos de NFC en el SPIPruebas con participantes y controles de fraude
14 de junio de 2027Producción plena de SIP por aproximaciónOperación, monitoreo y soporte
27 de noviembre de 2027Entrada en vigor de la Ley 7593/2025Gobierno de datos, derechos, incidentes, contratos y transferencias

Qué deberían revisar las entidades

La primera decisión es definir el alcance. Bancos y financieras participan en el SIPAP, pueden patrocinar otros actores y están sometidos a la Superintendencia. Los PSP y PISP tienen obligaciones propias de registro, seguridad y operación. Una misma empresa puede quedar alcanzada por varios roles.

La revisión debería producir:

  • un mapa de roles regulatorios y servicios de pago;
  • un inventario de interfaces con SIPAP, RCF y TeamMate+;
  • una matriz de controles antifraude con sus evidencias;
  • un registro de proveedores críticos, nube y subcontrataciones;
  • un inventario de tratamientos y transferencias de datos personales;
  • un calendario único de desarrollos, pruebas, reportes y aprobaciones.

El problema de 2027 no será la falta de normas. Será coordinar obligaciones que nacieron en lugares distintos y terminan tocando las mismas aplicaciones, proveedores y datos.


Anexo de verificación editorial

Fuentes primarias consultadas

Controles aplicados

  • Se eliminaron duplicados de una misma resolución publicada en más de un índice del BCP.
  • Se separaron normas tecnológicas de resoluciones prudenciales o de entidades individuales.
  • No se usó el título de una norma como único criterio: se contrastaron los textos disponibles y los resúmenes oficiales.
  • No se incorporaron resoluciones de SEPRELAD o INCOOP sin una fuente oficial y una obligación tecnológica identificable.
  • La cifra editorial de 28 instrumentos de 2026 corresponde a impacto tecnológico directo; el inventario ampliado puede incluir documentos operativos complementarios.

Pendiente de seguimiento

La reglamentación de la Ley 7593/2025 debe dictarse dentro de los 24 meses posteriores a su publicación. Antes de publicar una actualización futura habrá que comprobar el decreto reglamentario, la creación efectiva de la Agencia y los lineamientos sobre oficial de protección, evaluaciones de impacto, medidas de seguridad y transferencias internacionales.

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